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lunes, 9 de febrero de 2009

La dependencia, desviaciones y déficit

La aplicación de la Ley de Dependencia, en plena crisis económica, ha provocado una tendencia a sustituir las prestaciones sociales por pagos a dependientes.
En Asturias hay 2.114 personas en lista de espera para las residencias públicas
La atención a las personas con déficit de autonomía ha conocido un cambio de perspectiva en España con la aprobación de la Ley de Dependencia. La norma trataba de hacer frente a una situación de abandono reflejada en el hecho de que nuestro país era el que dedicaba menores recursos a las personas dependientes, con respecto a la riqueza generada, dentro de la UE de los Quince, con la excepción de Irlanda y Portugal. Una situación especialmente onerosa para las mujeres de la tercera edad, que tienen una pensión media equivalente al 70% de la jubilación del sistema. Esta problemática tiene una especial incidencia en Asturias, por la elevada tasa de envejecimiento de la población.
El Libro Blanco de la Dependencia adelantaba la filosofía de la nueva norma, al señalar que sobre una población de 1,7 millones de potenciales beneficiarios, sólo el 6,5% recibía alguna ayuda social, resaltando que había que impulsar los centros de día y la ayuda a domicilio para liberar a las mujeres que se hacían cargo, como cuidadoras, del 84% de las personas dependientes.
La Ley de la Dependencia creó el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir atención pública. La idea del legislador era asentar una red de servicios (teleasistencia, centros de día, ayudas a domicilio y residencias) a la que pudieran recurrir los ciudadanos carentes de autonomía personal, empezando por los calificados como 'grandes dependientes', para ir extendiendo las prestaciones a los 'dependientes severos' y por último a los que sufren 'dependencia moderada'. La propia ley contemplaba la posibilidad subsidiaria de conceder una prestación económica para los cuidadores familiares, cuando no se pudiera proporcionar un servicio social a la persona dependiente.
La primera aplicación de la norma fue la calificación del grado de dependencia, un trabajo que se realizó ya en plena crisis económica, con el efecto de haber hecho aflorar muchos más dependientes de los que se esperaba. En Asturias se valoraba que habría 6.000 personas con gran o severa dependencia, y hasta el presente han sido dictaminadas 14.508 personas con esos grados de dependencia. Todavía quedan 4.000 personas pendientes de valoración. Este incremento de la demanda ha creado problemas económicos, porque la idea inicial de financiar las prestaciones a partes iguales entre la Administración central y las comunidades autónomas ha dado paso a unos pagos descompensados, en los que los gobiernos regionales cubren la mayor parte de la factura. De los 110 millones de euros dedicados en Asturias a dar ayudas a las personas dependientes, en el año 2007, sólo 27 corrieron a cargo del Estado. Esta situación irregular hizo que el Gobierno central aprobara un fondo especial de 400 millones de euros, de los que 12,2 fueron destinados a Asturias.
Los efectos de la crisis económica en la aplicación de la Ley de Dependencia no sólo se manifiestan en el incremento del volumen de las solicitudes de ayuda y el retraso de los pagos, por parte de la Administración central, sino en el modelo de ayudas que se conceden. De las 14.508 personas atendidas en Asturias, el 74% han sido satisfechas por la vía de la prestación económica. 10.574 personas dependientes han recibido una prestación económica genérica, o en concepto de pagos a familiares cuidadores.
Cuando se elaboró el Libro Blanco de la Dependencia se estimaba que el desarrollo de la norma llevaría aparejado la creación de 263.000 empleos directos. La ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, afirmaba, durante las pasadas Navidades, que los 400 millones de euros del fondo especial generarían 35.000 empleos en los servicios sociales. Sin embargo, los particulares y las administraciones autonómicas dan preferencia a las prestaciones económicas, que en la ley tienen carácter subsidiario, sobre las ayudas sociales. De los 14.508 beneficiarios asturianos, sólo 366 han pedido, en el Plan Individual de Atención, utilizar un centro de día. La situación es tan anómala que entre Gijón y Oviedo hay tres centros de día sin inaugurar por carecer de demanda, cuando hasta que entró en vigor la Ley de Dependencia era ésta la prestación social más utilizada. Los más perjudicados con esta interpretación torticera de la norma son las personas dependientes, que en vez de acceder a un plan de estímulos físicos y psíquicos, que potencia sus facultades, acaban por pasar la jornada pasivamente ante el televisor del hogar, frecuentemente en soledad.
Otro efecto preocupante de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia es que todavía no ha tenido un efecto positivo sobre las listas de espera a las residencias públicas. 2.114 personas hacen cola ante los establecimientos asturianos, y la previsión es que aumente la lista. Aunque hay un plan para ofrecer 600 plazas más este año, entre residencias públicas nuevas y plazas concertadas, la demanda es tan grande que el Principado debería acometer una actuación novedosa, buscando incentivar a la iniciativa privada para que afluyera a este sector, en pos de centros de calidad que pudieran acreditarse para firmar conciertos. Como en Asturias hay más de 72.000 octogenarios, una cantidad que se puede duplicar en veinte años, toda medida preventiva corre el riesgo de quedarse corta.

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