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jueves, 9 de junio de 2011

UN LUSTRO DE UNA LEY IMPRESICDIBLE


La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, cumplirá el próximo año su primer lustro. Es por tanto un buen momento para hacer balance y, sobre todo, para poner el foco en aquellos aspectos de la misma que es imprescindible mejorar o reconducir. Vaya por delante que, pese a las legítimas críticas que se le puedan hacer a la ley, no debe obviarse que su promulgación en sí fue un paso decisivo e imprescindible para la consolidación del Estado del bienestar y que un proyecto de esta envergadura y complejidad en su aplicación precisa de tiempo y paciencia para su adecuado desarrollo.

Entrando en materia, uno de los aspectos que sería necesario mejorar es la dispersión normativa existente en la actualidad, que creo dista mucho del espíritu que inspiró la ley. La Ley de Dependencia, como norma promulgada en el Parlamento, con un amplio y sólido consenso por parte de los principales partidos políticos, nació para dar una respuesta eficaz y uniforme a las especiales necesidades de todos los españoles en situación de dependencia.

Sin embargo, cuatro años después, dicha respuesta es distinta dependiendo de la comunidad autónoma de la que proceda la persona dependiente. Por decirlo de otra forma, un sistema que debería ser único y universal para todos los españoles se ha convertido en 17 sistemas diferentes, cada uno de ellos con sus normativas propias. Bien es cierto que el punto de partida no era sencillo ya que antes de la entrada en vigor de la ley ya existía un sistema de servicios sociales por cada comunidad autónoma. Pero también es verdad que la ley suponía una magnífica oportunidad para enmendar esta realidad y disminuir las desigualdades territoriales. Por el contrario, parece que se han acentuado.

Así pues, esta es la situación actual a la que nos enfrentamos: cada comunidad ha desarrollado la ley a su manera mediante la publicación de diversas normas locales, a las que además hay que añadir la firma de varios convenios de colaboración de cada una de ellas con el Estado. El resultado es la existencia de más de 500 normas distintas, como se puede comprobar fácilmente en la web puesta en marcha por la CECA y la Fundación Caser -www.normativadependencia.org- y que actualiza diariamente toda la legislación que se produce en esta materia.

Por tanto, creemos que es el momento de reconducir esta situación y de pedir al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y a todos los poderes públicos que se pongan manos a la obra en este sentido, con el objetivo de unificar la normativa para que ese derecho de igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones que consagra la ley se materialice realmente.

Es necesario que, sin menoscabo de las competencias que pueda ejercer cada comunidad autónoma, se fijen unos criterios comunes y se unifiquen los requisitos mínimos a nivel nacional que garanticen que, independientemente de la región en la que vivan, dos personas con igual grado de dependencia reciban el mismo trato, servicio y atención o tengan la posibilidad de que sea así.

Las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad apuntan en esta dirección. Leire Pajín abogaba por un gran pacto entre todas las Administraciones para afianzar y dar plena vigencia a la ley.

Sin duda, la unificación de normativas debería ser un punto vital en el orden del día de ese acuerdo. Solo así se podrán corregir las desigualdades existentes y recuperar el espíritu que alumbró a esta ley y que contó con el apoyo de todos los partidos e ideologías.

Juan Sitges. Director de la Fundación Caser para la Dependencia

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