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jueves, 29 de marzo de 2012

Defensor pueblo. La institución denuncia las demoras inaceptables en la aplicación de la ley de dependencia



MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo ha denunciado en su informe anual correspondiente a 2011, entregado este miércoles en el Congreso de los Diputados, las demoras inaceptables en la aplicación de la Ley de Dependencia.

En el informe, la institución que dirige María Luisa Cava de Llano señala que durante 2011 fueron numerosas las quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Aunque la Institución ha podido constatar ciertas mejoras, siguen produciéndose demoras inaceptables tanto en la valoración de los interesados, como en la notificación de la resolución de grado y nivel de dependencia, y en la posterior aprobación del programa individual de atención”, dice el informe.

La constatación de esos retrasos ha llevado a la Defensora del Pueblo a recordar a las instituciones la obligación de resolver en tiempo y forma las solicitudes presentadas.

Asimismo, insiste en la disparidad de criterios, de unas comunidades autónomas a otras, sobre la fecha de efectos con que deben reconocerse los derechos derivados de la situación de dependencia.

Señala que son numerosas las sentencias dictadas por los diferentes tribunales superiores de justicia, en el sentido de que la prestación económica para ciudadanos debe reconocerse desde el día siguiente a la fecha de presentación de solicitudes.

Se ha de evitar que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales, logrando así una mayor igualdad, no sólo entre territorios, sino además entre los ciudadanos que sí acuden a los tribunales y ven reconocido su derecho y aquellos que no lo hacen, señala el informe.

MÁS Y MAYORES DIFERENCIAS

Las diferencias territoriales en los criterios de aplicación de la ley se refieren también a los servicios o prestaciones reconocidos, dice la defensora, que denuncia que estas diferencias no se han reducido y cada vez son mayores.

Por esta razón, juzga urgente la aprobación de un reglamento que, entre otras cuestiones, fije criterios para determinar la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios y prestaciones, previo acuerdo en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

(SERVIMEDIA)

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